Gobierno de AMLO abre las puertas a iglesias

El gobierno de AMLO ya eliminó el principal obstáculo legal que le impedía formalizar la participación de las iglesias en su proyecto social y político. Las utilizará para impulsar objetivos de la #4T

Por Maru Jiménez Cáliz y Luis Guillermo Hernández 

Todo está listo para que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador utilice la vasta estructura de las iglesias que cubren todos los rincones de la geografía nacional, para impulsar objetivos sociales de la Cuarta Transformación.

El gobierno busca aprovechar la presencia y la penetración de asociaciones, grupos y movimientos religiosos, de todos los credos, en las tareas de reconstrucción del tejido social, roto tras más de una década de violencia y degradación derivados de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, que devastó amplias zonas de la geografía nacional.

Sin precedentes históricos desde que en 1857 se concretara la separación constitucional de las iglesias en asuntos sociales de índole no religiosa, el ambicioso proyecto político-social tiene por lo menos tres meses discutiéndose oficialmente en la Secretaría de Gobernación.

En marzo pasado, funcionarios de la hoy denominada Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, que encabeza la abogada Daniela Álvarez Maury, comenzaron una serie de reuniones oficiales, de acercamiento y evaluación, con las jerarquías de las distintas iglesias mexicanas, a las cuales invitaron a participar en Mesas Sectoriales de trabajo, encaminadas a incorporar sus opiniones en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Para coordinar los trabajos con los liderazgos religiosos, el presidente López Obrador designó como responsable de la Dirección General de Asuntos Religiosos al ex sacerdote de Chiapas, Héctor Humberto Miranda Anzá,quien junto con el director adjunto, Jorge Lee, un abogado especializado en derecho eclesiástico, personalmente buscó a los representantes de las iglesias para colaborar en la reconstrucción de la paz en México.

De acuerdo con la versión oficial, hasta el momento han participado representantes de las iglesias Católica, Anglicana, Evangélica, Luz del Mundo y de la Cienciología, además de representantes de las iglesias Luterana, Budista, Musulmana, Sikh y Judía integradas al Consejo Interreligioso de México.

En estas mesas, el gobierno pidió a los líderes eclesiásticos presentar sus propuestas y diagnósticos, bajo un eje rector, que se desprende de una Guía para Invitados a las Mesas Sectoriales, elaborada por la propia subsecretaría y que les fue entregada previamente:

“Dado el nuevo enfoque que pretende tener la Dirección General de Asociaciones Religiosas ¿Qué sugiere para favorecer la participación de las Asociaciones Religiosas, grupos y movimientos religiosos en la reconstrucción del tejido social, garantizando el Estado laico y asegurando una perspectiva incluyente y equitativa?”.

La guía establece que uno de los objetivos del plan es “contribuir a la gobernabilidad, prevención social y reconstrucción del tejido social en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano”.

De acuerdo con fuentes extraoficiales del Palacio Nacional, el proyecto no contempla la participación activa de las iglesias en la vida política mexicana, ni su intromisión en el diseño de políticas públicas, sino sólo “aprovechar su influencia y grado de penetración en todo el territorio”, así como su incidencia en las comunidades.

“No se trata, de ninguna manera de involucrarlas en política, sino de aprovechar su conocimiento de la realidad comunitaria para reconstruir las regiones más afectadas por la delincuencia y la descomposición social”,dijo una fuente de alto nivel de la Presidencia.

Actualmente, la Dirección de Asociaciones Religiosas tiene registradas nueve mil 359 asociaciones religiosas, en su mayoría católicas y evangélicas, que junto con el resto de religiones cuentan con más de 95 millones de seguidores, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI.

Hasta el cierre de este reportaje, ni la secretaria Olga Sánchez Cordero, sus subalternos de la Subsecretaría involucrada, ni funcionarios de la Presidencia de la República, a quienes se buscó en reiteradas ocasiones desde el pasado 15 de mayo para obtener una posición oficial al respecto, habían accedido a responder.

Por lo pronto, el gobierno ya eliminó el principal obstáculo legal que le impedía formalizar la participación de las iglesias en su proyecto social y político: el 31 de mayo pasado, el presidente López Obrador expidió el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, que fue publicado en el Diario Oficial.

Uno de los cambios más significativos de esa ordenanza es el relativo a las nuevas atribuciones de la hoy denominada Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.

En su inciso XIX, el Artículo 83 del reglamento, relacionado con las funciones y atribuciones de la Dirección General de Asuntos Religiosos, dependiente de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social, es un verdadero vuelco histórico en lo referente a la participación eclesiástica en la vida pública nacional:

“XIX. Proponer y coordinar estrategias colaborativas con las asociaciones religiosas, iglesias, agrupaciones y demás instituciones y organizaciones religiosas, para que participen en proyectos de reconstrucción del tejido social y cultura de paz que coadyuven a la consecución de las atribuciones materia de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos”.

Ningún gobierno anterior, de acuerdo con los registros disponibles, había llevado la colaboración con las iglesias al punto de formalización que pretende la actual administración.

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