En 2020 van por reforma a Ley de Asociaciones Religiosas

*Presentan iniciativa para reformar Ley de Asociaciones Religiosas

Por Porfirio Flores

La senadora de Morena por Zacatecas, María Soledad Luévano Cantú ha presentado una iniciativa para reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP) que atiende varios aspectos o temas polémicos como la objeción de conciencia, la participación de funcionarios en cultos públicos y sobre todo garantizar la libertad de expresión de los ministros en temas de carácter social.

En un momento en el que algunos plantean una crisis en el Estado laico y otros señalan un Estado a favor de sectores históricamente antagónicos a la iglesia, nace dicha iniciativa que busca atender y ordenar esta nueva realidad en el país.

La propuesta, presentada el 11 de diciembre del presente año, pretende recoger las inquietudes tanto de unos como de otros, partiendo de una verdad innegable: las iglesias tanto católicas como evangélicas tienen un rol preponderante en la vida pública del país y es necesario establecer principios que rijan la actuación de los ministros de culto en su relación con el Estado.

Sobre el tema de libertad de conciencia, la legisladora propone modificar el artículo primero de la LARCP para que quede de la siguiente manera: “La presente ley fundada en el derecho humano a la libertad de convicciones, éticas, de conciencia y de religión es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. Sus normas son de orden público y de observancia general en el territorio nacional.”

La reforma deroga el segundo párrafo del primer artículo que a la letra señala: “Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes.

Dicha modificación abre la puerta para que médicos puedan invocar la razón de conciencia para evitar practicar el aborto o la eutanasia en la Ciudad de México en pacientes que se atiendan en instituciones de salud pública. La reforma de la senadora modifica también el artículo 2 para establecer el siguiente precepto:

“A justificar en convicciones éticas y religiosas, la objeción de conciencia. Toda persona tiene derecho de abstenerse de actuar en aquello que contravenga sus convicciones éticas y no podrá ser privada de su derecho más que por lo que establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos… En aquellos casos donde los objetores de conciencia sean trabajadores del Estado, será el propio Estado quien garantizará el goce pleno de los derechos de terceros.”

En ese mismo artículo dos, la reforma enuncia la libertad de asociación para los ministros de culto ya no solo con fines religiosos de la siguiente manera: “Asociarse, reunirse o manifestarse pacíficamente con fines religiosos, así como para expresar sus creencias religiosas en relación con asuntos de carácter social.”

La reforma abre la posibilidad de que los funcionarios públicos participen en actos de culto público al modificarse el artículo 25 para quedar de la siguiente manera:

“Las autoridades federales, estatales y municipales no intervendrán en asuntos internos de las asociaciones religiosas. Sin menoscabo de la laicidad del Estado, las autoridades antes mencionadas podrán asistir en su carácter a actos de culto público, así como, a las actividades que tengan motivos o propósitos similares.”

En el tema de los medios de comunicación, los artículos quedan intocados y solo se protege la utilización de medio de comunicación digitales en el artículo 16, pero el artículo 29 protege la libertad de expresión de los ministros de culto de la siguiente forma: “La expresión de ideas respecto a asuntos sociales no podrá considerarse como oposición a las leyes del país o sus instituciones, siempre que estén basadas en doctrina y cuerpo de creencias religiosas.”

El documento presentado por la senadora define con toda claridad qué debe entenderse por “fines políticos” en el artículo 14. “Se entenderá por fines políticos o carácter político, de proselitismo y propaganda política: la inducción expresa a votar por un candidato o partido político o a no hacerlo por cualquiera de ellos”, señala.

Y agrega: “En los lugares destinados al culto, en los locales de uso público o en los medios de comunicación, así como realizar o promover aportaciones económicas a un partido político, aspirante o candidato a cargo de elección popular que representa una definición de un término que se utiliza de manera enunciativa en la actual ley.”

Ante los recientes sucesos ocurridos en algunos templos de México donde se han pintarrajeado y destruido bienes de algunas iglesias, el artículo 20 tiene una adición que dice: “Las autoridades correspondientes brindarán el apoyo necesario a las asociaciones religiosas, cuando así lo soliciten para preservar, salvaguardar, mejorar y conservar en su integridad dichos bienes.”

La reforma plantea que para eventos fuera de las iglesias solo se avise a las autoridades federales, estatales o municipales con cinco días de anticipación y no para que emitan permiso alguno. Plantea también que los ministros de culto con registro en la Secretaría de Gobernación puedan contar con una credencial emitida por esa dependencia y que los mismos puedan asistir a miembros de cuerpos de seguridad y del ejército, así como la fuerza armada.

La iniciativa puede enriquecerse todavía aún más si se socializa y atiende la opinión de los principales involucrados, en este caso los ministros de culto.

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