Evo Morales aplaza entrada en vigor del nuevo Código Penal boliviano

LA PAZ. Luego de una ola de protestas, el presidente de Bolivia, Evo Morales decidió aplazar la entrada en vigor de nuevo Código Penal Boliviano debido a que algunos artículos de ese documento fueron duramente criticados por su ambigüedad y oposición a libertades constitucionales de ese país.

Tanto la iglesia evangélica como la católica cuestionaron seriamente el artículo 88.11 de ese cuerpo legislativo que a la letra dice:

Será sancionado con prisión de siete a 12 años y reparación económica la persona que por sí o por terceros, capte, transporte, traslade, prive de la libertad, acoja o reciba persona con el fin de reclutarlas para su participación en conflictos armados o en organizaciones religiosas o de culto.

Además de este artículo que resultaba a todas luces una presumible acción de intolerancia religiosa, otros lineamientos contenidos en el nuevo Código Penal de Bolivia despertaron la inconformidad de diversos sectores sociales de esa nación constituida principalmente por pueblos originarios.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este lunes su decisión de congelar por un año la aplicación del nuevo Código Penal para divulgar su contenido, en medio de protestas por la controversial norma que atribuyó a una conspiración contra su gobierno.

Nos damos plazo de un año para debatir los artículos cuestionados por movimientos sociales, grupos de profesionales o de cualquier sector social, explicó Morales.

El código no está en proceso de aplicación, aseguró el mandatario sobre la polémica norma aprobada por el Congreso de mayoría oficialista y promulgada por el mandatario a finales del año pasado.

La decisión presidencial intenta frenar una creciente agitación social y política, en momentos en que varias regiones del país planean huelgas para esta semana contra la aplicación del código.

En Bolivia no hay convulsión social, lo que hay es conspiración de grupos de la derecha contra nuestra revolución democrática cultural, insistió Morales, quien consideró que este no es un problema por el código penal, es un asunto político.

Con información de La Jornada

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