Redacción
Ante el incremento de casos de intolerancia religiosa en Oaxaca, las diputadas Haydeé Reyes Soto y Dennis García Gutiérrez presentaron una iniciativa para reformar el artículo 412 bis del Código Penal de Oaxaca a fin de tipificar como delito la discriminación por razones de religión o creencias religiosas y perseguirlo de oficio, es decir sin que medie denuncia o querella.
En la exposición de motivos las legisladoras establecieron que “sigue existiendo una omisión en el Código Penal que regula las conductas entre los seres humanos como lo es la discriminación por creencias religiosas, situación que ha permitido el maltrato a aquellas personas que siendo habitantes u originarios de algún municipio sean desterrados.”
“La realidad que se vive actualmente en las comunidades del sureste mexicano en particular Oaxaca y Chiapas ponen de manifiesto la deuda histórica que existe en el trato igualitario a los individuos por causa de creencia religiosa”, consideraron.
Precisaron que según un informe de la Secretaría General de Gobierno en Oaxaca han existido discrepancias y diferencias entre los simpatizantes de uno y de otro credo por lo que durante el año 2021 se atendieron 57 conflictos de intolerancia religiosa para lo que cual se instalaron 129 mesas de trabajo.
Apuntaron que de esos 57 conflictos 31 se presentaron en los Valles Centrales, siete en la Cañada y Mixteca, seis en la Costa, cuatro en la Sierra sur y dos en la Sierra norte.
De esta manera: de esta manera el artículo 412 bis del Código Penal quedará de la siguiente manera comete el delito de discriminación quien por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, religión, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, discapacidad, embarazo, opiniones políticas, creencia religiosa o de cualquier otra índole.
Dicha iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posterior presentación en el pleno para su aprobación.
Hace menos de 15 días siete familias evangélicas fueron desterradas de la agencia de San Pedro Chimaltepec del municipio de San Juan Mazatlán por negarse a cooperar con las fiesta del religiosa de la comunidad.
Que bueno que Diputadas levantan la voz por los que no tienen voz. Primero Dios que lo acepte toda la Cámara de Diputados y la sociedad en general.